La guerra del taxi llega al Congreso. El real decreto-ley 13/2018, que deja en manos de las comunidades autónomas las competencias sobre las licencias VTC (vehículos de turismo con conductor, con las que operan Uber y Cabify) será sometido a votación dentro de pocas horas en la Cámara Baja. Un proceso que obligará a todos los partidos a posicionarse en este particular conflicto… y cuyo desenlace todavía arroja importantes dudas.
En principio, el real decreto-ley será apoyado por el Parlamento. Solo en principio. Todo apunta a que PSOE y Podemos votarán a favor y Ciudadanos y PP rechazarán la medida. Además, se espera que el PNV también apoye la norma o, al menos, se abstenga. Las dudas aparecen respecto a los partidos independentistas (ERC y PDeCat). Desde el sector de las VTC aseguran que «están indecisos», mientras que las asociaciones del taxi cuentan con el apoyo de ambas formaciones. «Salen las cuentas. El decreto saldrá adelante», apuntan estas organizaciones.
Pero no solo importa el fondo, sino también forma. Las formaciones independentistas pretenden convalidar el decreto-ley como un proyecto de ley, lo que demoraría el plazo de aprobación del mismo entre seis y ocho meses. Y, lo que es más importante, abriría la puerta a una avalancha de enmiendas sobre la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). «El caos que ahora vive el sector del taxi se puede extener a todo el transporte», explican fuentes cercanas al sector de las VTC. «Hasta el momento se ha sujetado la ley por el impacto que podría tener una reforma en profundidad», opinan desde el taxi.
¿Por qué apoyan esta vía ERC y PDeCat? Básicamente, porque de esta forma podrían intentar modificar el real decreto-ley para asegurarse que no sean las comunidades las que tengan que asumir el coste de las indemnizaciones millonarias que, según el sector de las VTC, desencadenará la norma. Sin embargo, con este sistema también abrirán la puerta a que colectivos como los transportistas demanden más modificaciones de la LOTT.
Se da la circunstancia de que PP y Ciudadanos son mayoría en la Mesa del Congreso y podrían retrasar o adelantar las enmiendas que se presentasen contra la norma. En la práctica, ambos partidos tendrían en este caso un arma arrojadiza sobre el Gobierno, que ha elaborado el real decreto-ley sin consultar a las comunidades afectadas. El apoyo de estas formaciones a la vía del proyecto de ley es fundamental para que la norma se tramite mediante este sistema.
Los contactos entre representantes del sector y formaciones políticas han sido constante en las últimas horas. Pese a ello, todo sigue en el aire. Hay que recordar que no sería la primera vez que un partido político cambiara de parecer a última hora respecto a una norma de estas características. En mayo, Ciudadanos se abstuvo en una votación que garantizaba las restricciones a Uber y Cabify. Todo el sector del taxi daba por hecho que iba a apoyar aquel real-decreto.
Y es que la incertidumbre está condicionando una votación que se antoja determinante para el sector. El taxi ha deslizado que volverá a la huelga si el Congreso no apoya la norma. El sector de las VTC, por su parte, convocó ayer una movilización en Madrid durante la votación que finalmente ha sido suspendida para «evitar posibles tensiones o altercados».
Source: ABC