Sánchez tirará de «decretazo» para subir los impuestos que financien su agenda social

Sánchez tirará de «decretazo» para subir los impuestos que financien su agenda social

El presidente del Gobierno no va a tirar la toalla. Una hipotética falta de apoyos a los Presupuestos de 2019 no le va a impedir llevar a cabo las subidas de impuestos y la agenda social que pretende financiar con los nuevos ingresos. El escenario «A» que maneja Pedro Sánchez es que sus aliados den el visto bueno a las cuentas públicas para el año próximo, un objetivo complicado si se tiene en cuenta que su socio de referencia, Podemos, ayer mismo aseguró que no apoyará esas cuentas si el jefe del Ejecutivo no cumple su palabra e integra todas sus peticiones en el Presupuesto.

El escenario «B» del presidente solo se aplicaría si su presupuesto no lograra el apoyo suficiente. Este escenario es el que comienza a tomar fuerza tras las exigencias de la formación morada, muchas de ellas imposibles de llevar a cabo por el elevado coste. En este caso Pedro Sánchez prorrogaría las cuentas, una mecánica que duramente recriminó a Mariano Rajoy al que, en la misma situación, invitó a que convocara elecciones. Además de la prórroga, el presidente aprobaría dos reales decretos con las líneas maestras del Ejecutivo para el año próximo.

El primero de los decretos incluiría la batería de nuevos impuestos que afectarían al IRPF y Sociedades, además de la creación de nuevas figuras impositivas como la «tasa google». El segundo decreto, recogería la agenda social que podría financiar con las nuevas alzas tributarias y que le permitirían «reconstruir el Estado de Bienestar».

Los dos reales decretos deberían ser convalidados posteriormente por el Congreso de los Diputados, lo que obligaría a los grupos parlamentarios a retratarse y tener que argumentar su rechazo a medidas sociales de impacto. Es intención del Gobierno equiparar los permisos por maternidad de mujeres y hombres, adecuar el pago de las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales, recuperar el subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años y parados de larga duración o eliminar los copagos farmacéuticos para los pensionistas. La estrategia del PSOE en este escenario sería apelar a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y al coste electoral que podría suponer rechazar medidas sociales que pueden favorecer a una gran mayoría de españoles.

Ayer Podemos volvió a meter presión al Gobierno en una semana clave en la que el Consejo de Ministros aprobará las cuentas públicas para 2019. Las líneas maestras maestras serán aprobadas el jueves y el lunes 15 serán enviadas a Bruselas. Cuando las negociaciones con la formación morada parecían encarriladas -el propio Pablo Iglesias lo anunció la semana pasada- ayer la situación dio un giro de 180 grados. Pablo Echenique advirtió al Ejecutivo de que en este momento Podemos daría un «no» a las cuentas para 2019. «Si no conseguimos arrancar avances estaríamos en el no. La realidad a lunes es ésta», dijo.

Las divergencia entre ambas formaciones no es, precisamente, de poco calado. Si quiere el apoyo de Podemos el Gobierno deberá ceder en muchos asuntos. Por ejemplo, en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Gobierno pretendía elevarlo a 1.000 euros en 2020, aunque sus socios le exigen que adelante esa cuantía a 2019. La derogación de la reforma laboral es otro punto de discordia. Mientras el PSOE se ha puesto como objetivo suavizarla, desde Podemos se exige su derogación.

Pensiones en discordia
Las pensiones son también punto de desencuentro. PSOE y Podemos están de acuerdo en adecuar las subidas al IPC real pero discrepan en la fórmula de revalorización. El Gobierno ya se ha comprometido a revalorizarlas para 2019 y 2020, pero su idea es utilizar otros ingredientes además de los precios (salarios, PIB, etc). En este punto Podemos exige solo hacerlo con el IPC y blindarlo por ley .

Los autónomos vuelven a ser objeto de deseo. Podemos tiene marcada como una de sus prioridades que se bajen las cuotas a los autónomos que tienen menos ingresos. Este ya es uno de los acuerdos a los que ya llegaron Sánchez e Iglesias en su reunión en Moncloa, aunque todavía no se ha concretado los números. También era una de las peticiones del PSOE en la oposición, que defendía reformas en el régimen de autónomos para conseguir que aquellos con ingresos por debajo del salario mínimo no tuvieran que pagar cotizaciones y que estas cuotas se adecuaran a los ingresos reales de cada trabajador.

Pero sin duda es la política fiscal donde es más importante lograr un acuerdo para Sánchez teniendo en cuenta que será la financiación extra que será necesaria para sostener la agenda social. Como ya informó ABC el borrador de presupuestos incluirá subida de IRPF a las rentas del trabajo y del capital, claro guiño a la formación morada, así como el incremento de Sociedades a las grandes empresas que facturen más de ocho millones de euros. Ambas medidas supondrán una subida de impuestos a más de 100.000 contribuyentes y 20.000 empresas.

La subida del IRPF afectará a las rentas del trabajo y del capital superiores a 140.000 euros. En las rentas del trabajo, introducirá un tramo adicional para hacer el incremento más progresivo en el que repercutirá el tipo máximo del 48% o el 49%. En este punto aún no hay acuerdo y se está negociando el tramo de ingresos, apuntan fuentes conocedoras del proceso. Ahora el marginal más alto del impuesto en la tarifa estatal es del 45%.

También se crearán nuevos impuestos. El impuesto a las transacciones financieras con un 0,2% como pedía Podemos y el de las tecnológicas, del 3%, que afectará a las empresas con una facturación a los 3 millones y que sumen 750 millones de negocio global. La «tasa Google» afectará a todo tipo de firmas de la economía digital como es el caso de Amazon, Uber y Airbnb. Gravará ventas de anuncios online, la intermediación de plataformas digitales y las ventas de plataformas que utilicen datos generados por usuarios.

También se comenzará a gravar más al diésel para elevar su tributación de 307 euros cada mil litros hasta los 345 euros, una subida que Hacienda calcula será de 3,3 euros al mes.
Source: ABC

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