La guerra del taxi no solo está paralizando España en plena operación salida. También está teniendo un gran impacto económico para el sector. Según los cálculos de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), una de las organizaciones convocantes de las protestas, la huelga le cuesta al gremio entre 9 y 10 millones de euros en toda España cada día. Teniendo en cuenta que las movilizaciones vivieron ayer su quinta jornada de paros, la factura ya ronda los 50 millones.
«Nunca antes se había producido un paro de estas características, pero necesitamos un compromiso del Gobierno con el gremio para volver a la normalidad», explica a ABC, Jesús Fernández, vicepresidente de la asociación. Lo cierto es que ayer el sector moderó en gran parte sus movilizaciones. Por ejemplo, Élite Taxi aprobó en una asamblea producida a primera hora de la tarde realizar servicios mínimos gratuitos después de una reunión mantenida con la Generalitat.
Al cierre de esta edición, las organizaciones mayoritarias del sector decidían si suspendían la huelgas o las mantenían un día más. En principio, la idea inicial era extender las protestas al menos durante unas horas más.
Y es que hoy es un día clave para el sector. Se celebra la conferencia sectorial, un encuentro que servirá para conocer la posición de las comunidades autónomas respecto al conflicto. Y, en función de esta, los taxistas decidirán si desconvocan definitivamente sus paros o plantean un nuevo calendario de huelgas. Es cierto que el lunes el Gobierno aseguró a los representantes del gremio que transferirá la regulación de las licencias de vehículo con conductor (VTC) a las administraciones territoriales, una posibilidad que fue respaldada por estos trabajadores. Sin embargo, ayer distintos representantes autonómicos se opusieron a esta medida.
Fue el caso de Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, que reclamó al Gobierno que «se ponga a trabajar» y busque soluciones al problema en lugar de «echar balones fuera» y trasladarlo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. En esta misma línea, la consejera de Infraestructuras y Vivienda de Galicia, Ethel Vázquez, reclamó un marco «claro y equilibrado» sobre las VTC antes de abordar esta posible transferencia de competencias. Además, recordó que si existe una proliferación de licencias VTC es por la ley Ómnibus aprobada durante el mandato de Zapatero en 2009, que en la práctica liberalizó el sector.
Fuentes del sector explican que muchas regiones reconocen en conversaciones informales que van a plantear alternativas a esta transferencia, puesto que el taxi representa hoy por hoy una auténtica «patata caliente» y no parece haber una solución sencilla a la pugna vivida estas semanas.
De hecho, la «guerra» entre taxistas y conductores de VTC se ha convertido en un callejón sin salida para el Gobierno. La solución planteada hace dos días por el Ejecutivo no solo ha sido cuestionada por determinadas regiones y ayuntamientos, sino que además su aplicación plantea serias dudas jurídicas.
Una medida cuestionada
Distintas empresas de VTC han señalado directamente que esta medida es «ilegal» y daría lugar a «indemnizaciones millonarias». De hecho, ayer estas compañías presentaron un informe jurídico al Gobierno redactado por el catedrático en Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado que sostiene que imponer una licencia urbana a las VTC -una de las consecuencias de transferir este asunto a las regiones- «vulneraría frontalmente» la Directiva de Servicios y la Ley de unidad de mercado.
Respecto al hecho de que en la mayoría de comunidades ya no se cumple el ratio establecido por ley de 1 VTC por cada 30 taxis, el informe señala que este hecho no significa que se haya incumplido la ley. Esto se debe, según el texto, a que desde que se impusieron estas limitaciones (en 2015) las nuevas licencias han ido encaminadas a cumplir con el objetivo. En definitiva, el informe de Muñoz Machado sostiene que «no es procedente, por imperativo constitucional, la utilización del decreto-ley» para modificar la regulación de las VTC.
Según estas empresas, solo cabría la opción de modificar distintas leyes (entre ellas la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre) para llevar a cabo esta transferencia de competencias. Y para ello, el Gobierno necesitaría el apoyo del resto de fuerzas políticas. Ayer, Ciudadanos anunció que no apoyara la medida y el PP se puso de perfil ante ella.
Source: ABC