La negociación con Cataluña y la demora de la financiación soliviantan a los barones

Casi un año después del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, los consejeros de Hacienda de la plana mayor de comunidades autónomas se volvieron a reunir ayer, después de doce meses en los que la crisis catalana y el posterior cambio de Gobierno han paralizado los cónclaves con los barones. María Jesús Montero, acostumbrada a sentarse al otro lado de la mesa como consejera de Andalucía, inauguró sus contactos oficiales con las regiones y vivió su primer Consejo como ministra de Hacienda. No fue fácil y se prolongó durante horas. El gran protagonista estuvo ausente: el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, finalmente no asistió. Ante ello, todas las comunidades se amotinaron contra las negociaciones bilaterales entre la región y el Ejecutivo.

La consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo, fue de las más elocuentes al hablar de la ausencia de Cataluña: «Me lo esperaba de un gobierno de una comunidad española pero que no quiere serlo», ya que la Generalitat «está a otras cosas». En este punto no hubo diferencias de color político: todas se opusieron a que Gobierno y Cataluña negociaran aspectos relativos a la financiación en un foro bilateral, precisamente donde Aragonés apostó por reunirse con el Ejecutivo.

También hubo polémica por la reestructuración de deuda o la dilatación de la reforma de la financiación hasta 2020 decidido por Pedro Sánchez pese a que Montero defendía, como consejera, acelerarla. Este punto fue capital en la reunión y fue el que provocó mayores diferencias entre los barones. Montero anunció reactivar los trabajos a la vuelta del verano con un grupo técnico entre directores generales. «No necesitamos endeudarnos por nuestra cuenta, necesitamos una nueva financiación», criticó Del Olmo.

Como adelantó ABC, la ministra confirmó ayer que estudia la reestructuración de deuda a corto plazo de las comunidades que afectará a Cataluña, que en total tiene préstamos por 4.543 millones, y Valencia, con 1.903. Esta reestructuración en estudio tiene dos formas, la anterior y otra «global» que postergue la devolución de los mecanismos de financiación al Estado, al señalar que se «adecuarán los vencimientos» para empujar a las comunidades a salir a los mercados.

También había puntos espinosos dentro del orden del día, que estipulaba conceder 2.500 millones más de margen para cumplir el déficit a las comunidades, al elevar su objetivo del 0,1% del PIB al 0,3% para el año que viene. Para 2020 se fija un 0,1% y en 2020, el equilibrio presupuestario.

Pese a ello, en la aprobación de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto 2019-2021 Hacienda no logró mayoría y hubo ocho votos en contra (de las regiones del PP, a saber, Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla además de Canarias, gobernada por CC) mientras que siete comunidades socialistas (Asturias, Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura) y la Administración Central votaron en contra. Comunidad Valenciana se abstuvo pese a estar gobernada por el PSOE. País Vasco, Navarra (ambas al tener regímenes forales no acudieron) y Cataluña no asistieron. Como en el Consejo si una autonomía apoya la propuesta del Gobierno, la medida sale adelante, Hacienda logró imponer sus objetivos pero Montero no convenció. «La regla de gasto impide que nos podamos gastar las dos décimas de mayor déficit», lamentó Del Olmo.

La votación augura una oposición dura del PP en las Cortes a los Presupuestos de Sánchez: pese a contar con el incentivo de 2.500 millones más de margen en año electoral, la mayor parte de las regiones, todas las del PP en bloque, rechazaron las metas. La debilidad parlamentaria del Gobierno se repite entre las regiones: difícilmente se sacarán los objetivos de estabilidad en Congreso y Senado.
Source: ABC

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