El auditor del Popular: «Alertamos en tres ocasiones de las dudas sobre el futuro del Popular»

Hay una pregunta que sobrevuela constantemente la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera en España estos días en que se analiza la quiebra del Popular. ¿De qué sirve la supervisión del Banco de España y el BCE, los test de estrés y los informes de auditoría si no son capaces de anticipar la caída de una entidad de ese tamaño? «Es un error decir que hicimos una auditoría del Popular sin alertas», ha defendido este miércoles en esa comisión Gonzalo Sánchez, presidente de Pwc España, la firma que revisió y verificó las cuentas de la entidad durante 35 años seguidos y que está imputada junto a los antiguos consejeros del banco en la investigación abierta por la Audiencia Nacional. Este ha recordado que las últimas cuentas anuales del banco antes de su resolución incluían tres advertencias sobre la continuidad del negocio del banco.

Esta compañía de servicios ha sido señalada por auditar al que fue sexto banco del país sin hacer ni una sola salvedad a sus cuentas, sobre todo a las de 2016, que arrojaron unas pérdidas de 3.600 millones de euros. Sánchez ha recordado que las salvedades a las cuentas solo se incluyen en caso de que detecten un imcumplimiento de la normativa contable por el banco. «No las había», ha dicho, pese a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado «datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes» en los estados financiero de ese año que ya ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que investiga la caída de la entidad.

Sánchez ha explicado que, en su lugar, Pwc anotó en tres ocasiones a lo largo de ese ejercicio que tenía «dudas sobre la continuidad del negocio del Popular». La primera, en la revisión limitada de las cuentas durante la ampliación de capital de mayo de 2016; la segunda, en las cuentas semestrales, y la tercera al cierre del ejercicio en las cuentas anuales, en las que incluso señalaba que había riesgo de incumplimiento de las ratios de capital, y por tanto de la solvencia regulatoria, a lo largo de 2017.

Diferencias de valoración del banco
«Es un error decir que hicimos una auditoría sin alertas. Es un error pensar que valoramos a los gestores o los planes de negocio; no es nuestra responsabilidad. Es un error también pensar que la auditoría debe incorporar expectativas de pérdidas futuras, y eso entonces no era así, solo ahora con la nueva normativa», ha defendido el auditor, quien ha admitido que en el momento de su resolución, «el Popular podía tener un problema de incumplimiento de la solvencia en materia regulatoria, no contable en ningún caso».

De igual modo que diferenció entre la solvencia contable y la regulatoria, Sánchez ha distinguido entre la valoración del Popular cuando aún estaba en funcionamiento y ya en resolución para justificar que a cierre de 2016 tuviese esas pérdidas y un patrimonio de más de 10.000 millones y al venderse al Santander esa valoración ascendiese hasta 8.200 millones negativos. «No es lo mismo una empresa en funcionamiento que otra en resolución. El valor es distinto», ha explicado, asegurando que la valoración en un momento y en otro era correcta en ambos casos. «No se dice una cosa y luego la otra», reiteró, recordando que la función del auditor es revisar y verificar las cuentas en un momento determinado en base a la normativa contable vigente.

Reponsabilidad limitada
Lo cierto es que el máximo resposable de Pwc ha excusado siempre el trabajo de la firma de auditoría en las limitaciones legales, es decir, en la legislación contable. ¿Tenía el Popular un problema de falta de provisiones? ¿Se detectó? Sánchez ha relatado que efectivamente la excesiva exposición del banco al ladrillo obligó a la entidad a incrementar año a año sus provisiones. «Pwc revisó que las provisiones que se dotaban respondían a la normativa aplicable en cada momento, y respondían. Nuestra función llega hasta donde llega y no podemos extralimitarnos en nuestra responsabilidad», ha dicho. Más aún, el auditor ha recordado que la firma que preside, dada esa exposición al negocio inmobilario del Popular, hizo tres revisiones específicas desde 2012, una ese año, otra en 2014 y la última en 2016. «El banco siempre salió satisfactoriamente de esas revisiones y jamás nadie puso en cuestión sus cuentas», ha reiterado, refiriéndose de nuevo al ajuste de esas revisiones a la normativa.

«Hubo suficientes revisiones y en ninguna se concluyó que hubiese ningún tipo de problema, que al final es donde podría tener responsabilidad una firma como Pwc», ha insistido, señalando a los adminsitradores del banco, y por tanto al equipo directivo encabezado por Ángel Ron, como responsables de la formulación de las cuentas y los controles internos de la entidad. El sucesor de Ron, Emilio Saracho, revisó en cambio las cuentas de 2016 y afloró ajustes por 124 millones de euros que elevaron las pérdidas de ese año de 3.485 a 3.600 millones, lo que obligó a reexpresar esas cuentas. ¿Por qué no se reformularon, lo que supone ir un paso más allá y volver a elaborarlas de arriba abajo? «Concluimos que era un ajuste no material», ha justificado Sánchez, que ha recordado que así se lo comunicaron a la CNMV y el Banco de España.
Source: ABC

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