La decisión anunciada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de levantar los peajes de las autopistas cuyas concesiones caduquen entre este año y el próximo afectará concretamente a tres vías: La AP-1 Burgos-Armiñón (Álava) cuya concesión vence el 30 de noviembre; la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la
AP-7 entre Alicante y Tarragona, que caducan el 31 de diciembre de 2019.
Las tres suman 552 kilómetros de longitud, de los 2550 kilómetros de vías de pago existentes en la actualidad en todo el país, un 21% de toda la red. Tal y como hemos informado en ABC, según estimaciones de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), el retorno de estas vías al Estado costaría unos
450 millones de euros
anuales y, que elevado a todas las autopistas de pago, representaría una carga de 1.000 millones de euros al año para las arcas públicas.
Si la medida anunciada por Fomento tuviera continuidad las próximas vías en ver sus concesiones concluir son los tramos de la AP-7 que unen Barcelona con La Jonquera y Tarragona. Además de la AP-2 Zaragoza- Mediterráneo, entre otras.
114.000 millones en inversiones
Desde Seopan su presidente,
Julián Núñez
, ha advertido que «no seguir invirtiendo en infraestructuras sería un grave perjuicio para el bienes social de nuestros ciudadanos, y puede comprometer nuestra competitividad a medio plazo». En este sentido, ha estimado en 114.000 millones de euros la necesidad de inversión en infraesctructuras destinadas al transporte, la logística o relacionadas con el medio ambiente.
Source: ABC