Mañana prescribe el plazo para exigir responsabilidad civil al Santander tras la resolución del Popular

Mañana prescribe el plazo para exigir responsabilidad civil al Santander tras la resolución del Popular

Se cumple un año desde que en la madrugada del 6 de junio de 2017 el Banco Central Europeo (BCE) determinara que el Banco Popular era «inviable» y que estaba en riesgo de caída por el «deterioro significativo» de su liquidez, tras lo que el Santander acordó adquirir el 100% de su capital al precio simbólico de un euro, operación que al día siguiente sería aprobada por la Comisión Europea (CE) y que convertía al entonces banco presidido por Emilio Saracho en la primera entidad intervenida por la Junta Única de Resolución (JUR) desde su creación hace poco más de dos años.

Doce meses después de aquel episodio, el banco presidido por Ana Botín asegura que avanza «más rápido» de lo previsto en la integración del Popular, de forma que el negocio propiamente bancario parece ir revirtiendo su situación. No obstante, el frente legal se mantiene ‘borroso’ para la entidad cántabra, pues la responsabilidad del extenso abanico de contingencias en relación a los accionistas y bonistas afectados y a la propia idoneidad de la liquidación y posterior venta de Popular puede extenderse al banco cántabro.

En la presentación de resultados referidos a este primer trimestre del año, el banco ‘rojo’ informó de que su beneficio atribuido aumentó un 26%, hasta los 455 millones de euros, tras la integración de Popular, al tiempo que anunció el lanzamiento de la primera iniciativa conjunta para los clientes del Santander y el Popular. Los costes, aunque aumentaron tras la incorporación de la entidad resuelta, se compensaron con las tendencias positivas en los ingresos comerciales y la mejora en el coste del crédito.

Asimismo, la ratio de mora del grupo continuó mejorando en el primer trimestre, hasta situarse en el 4,02%, con una caída de 135 puntos básicos desde la entrada de Popular en junio de 2017. Durante los tres primeros meses de 2018, Santander también completó el acuerdo con Blackstone para la venta del 51% de la cartera inmobiliaria de Popular, operación tras la cual la exposición inmobiliaria neta del grupo en España se situó en 5.200 millones de euros.

Según aseguró recientemente el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, se prevé que el proceso de integración jurídica de Santander y Popular se complete entre los meses de septiembre y octubre de 2018. De hecho, el directivo indicó que «inmediatamente» después de que termine este proceso, la entidad se encontrará «lista» para acometer la integración tecnológica de las oficinas de Santander y Popular en España.

«Vamos un poco más deprisa de lo que habíamos previsto anteriormente», aseveró el consejero delegado del grupo cántabro. No obstante, dijo que el resto de detalles sobre este tema los hará públicos el próximo 3 de octubre, fecha en la que la entidad celebrará su ‘Investor Day’ en la ciudad de Londres. Álvarez también subrayó que el Santander se encuentra “al 120%” centrado en la fusión.

Con todo, los perjudicados por la resolución del Popular, entre los que se encuentran unos 305.000 accionistas que vieron cómo sus ahorros e inversiones desaparecieron y se quedaron en cero, así como bonistas -la mayor parte extranjeros- piden ahora que Santander asuma las contingencias mediante responsabilidad por culpa extracontractual por daños y perjuicios, aunque su plazo para reclamar por esta vía prescribe este jueves.

Según Navas & Cusí, uno de los despachos que lleva el caso de los afectados, la forma en que se liquidó el banco no significa que los accionistas y bonistas no puedan reclamar su dinero al nuevo propietario, Santander, entidad que para los expertos en abogacía tiene la obligación de asumir las responsabilidades del Popular y ‘socorrer’ a los inversores que acudieron «engañados» a una ampliación de capital en la que se les ocultó salvedades.

«Esta actuación perjudicó a los tenedores de títulos que no pudieron ser advertidos de la negativa situación patrimonial de la entidad financiera, impidiéndoles así la posibilidad de enajenar sus títulos y poner su dinero a salvo», señalan en Navas & Cusí.

Popular llevó a cabo en 2012 una primera ampliación de capital por valor de 3.000 millones de euros debido a la cantidad de activos tóxicos de los que era propietario y que por aquellas fechas ya estaba provocando importantes correcciones en Bolsa. Tras esta operación todo parecía ir bien, a lo que se le unía las numerosas intervenciones de su entonces presidente, Ángel Ron, en las que aseguraba que el banco estaba en una situación “inmejorable”.

Cuatro años después, el banco se vio obligado a realizar una segunda ampliación de capital, justificada en que se obtendrían importantes beneficios y cobro de dividendos, al tiempo que se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. No obstante, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.

Asimismo, además de la infracción ‘muy grave’ impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en julio de 2016 por la comercialización de bonos convertibles que vulneraron los deberes de información a los inversores, en la auditoría que emitió PwC en marzo de 2017, se advirtió que era necesario elevar las pérdidas y corregir en cuatro puntos las cuentas que se presentaron en diciembre de 2016.

Varios procesos abiertos
Tal y como explica el socio y director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, el hecho de que el auditor tuviera que revisar las cuentas muestra hasta qué punto los libros no reflejaban la imagen fiel del banco. «El Popular ocultó dolosamente información sobre su situación», subraya el letrado, añadiendo que igual que nadie discute que el nuevo propietario asuma los activos del Popular como el 17% en cuota de pymes, también se debe responsabilizar de los pasivos y de las contingencias pasadas que se deriven.

El artículo 1909 del Código Civil establece el plazo de un año para reclamar esta responsabilidad por culpa extracontractural, por lo que su despacho ha presentado una «batería de demandas» con el objetivo de ‘romper’ con la prescripción, ya que al presentar un nuevo escrito se puede interrumpir. «El problema es que llegue el jueves y prescriba, y el Santander argumente que el plazo ha terminado y ya no tiene ninguna responsabilidad», añade.

Además de la vía civil, existen otros caminos para reclamar como el contencioso-administrativo, que se presenta ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Sin embargo, este procedimiento está suspendido de momento hasta que Luxemburgo resuelva. «Todos los recursos presentados ante el Frob están suspendidos hasta nueva orden», explican. La Audiencia Nacional ha tramitado hasta la fecha un total de 259 recursos contencioso-administrativos sobre la resolución, según los datos que constan en el informe anual del Frob.

El pasado mes de marzo, la Audiencia Nacional decidió suspender la tramitación de estos recursos hasta que se resuelvan los procesos pendientes en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) relativos a la decisión de resolver la entidad por parte de la JUR.

De su lado, la JUR está pendiente de la publicación del segundo informe elaborado por Deloitte. Este segundo documento, cuya publicación estaba prevista a lo largo del primer trimestre del año, evaluará si los antiguos accionistas y acreedores subordinados del Popular habrían recibido un trato mejor en el caso de que la entidad hubiera sido liquidada mediante un procedimiento nacional de insolvencia.
Source: ABC

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