El criminólogo Luis Izquiel resaltó que la fiscal de la Corte Penal Internacional puede hacer una visita «in situ» si así lo decidiera, además de que el Estatuto de Roma señala que el Estado tendría que brindarle todas las facilidades para ello y que ella goza de «inmunidad diplomática» por lo que su entrada al país no podrá ser obstaculizada ni ser arrestada.
La Corte Penal Internacional (CPI), máxima instancia mundial para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, tiene sus ojos puestos sobre las violaciones que pudieron haber ocurrido en Venezuela en el 2017, advirtió el abogado penalista criminólogo Luis Izquiel.
La aseveración fue hecha en el contexto del foro Corte Penal Internacional y Aplicación del Estatuto de Roma, promovido por la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, la mañana de este viernes 16 de febrero en su sede administrativa.
La actividad se deriva de la decisión de Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, quien anunció que había abierto un examen preliminar el pasado 8 de febrero de 2018 para analizar crímenes presuntamente cometidos en Venezuela, al menos desde abril de 2017.
Izquiel expuso a la audiencia acerca de lo que denominó 10 claves sobre la investigación preliminar sobre la investigación de la Corte Interamericana Penal en el caso Venezuela.
«El sistema de justicia internacional previsto en el Estatuto de Roma comenzó su accionar sobre nuestro país. Está investigando si acá se cometieron crímenes de lesa humanidad como: asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas a la libertad de forma sistemática en materia civil con conocimiento de ello, es decir, intencionalmente”, resaltó Izquiel.
Explicó que el examen preliminar está verificando si en Venezuela existe un sistema de justicia capaz de juzgar a los culpables de la comisión de estos crímenes de lesa humanidad.
La fiscal de la Corte Internacional, dijo, está observando si el Fiscal General de la República actúa de manera independiente, imparcial, si fue nombrado de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución.
Agregó que también verificará si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sus magistrados son independientes o imparciales.
Subrayó el criminólogo que en materia de derecho internacional existe lo denominado como el principio de supletoriedad. «Es decir, la Corte Internacional solo actúa en caso de que la justicia interna no lo haga o cuando esa justicia interna está secuestrada».
Explicó que el examen preliminar es una averiguación previa a la apertura de una investigación formal, «la fiscal está verificando si se cometieron crímenes de lesa humanidad, si hay evidencia de ello de forma genérica y si el sistema de justicia nacional está capacitado para juzgar esos crímenes”.
Lo verifica, declarando testigos y recibiendo información de organismos del Estado; no solo del Ejecutivo, como la información que suministra la CP de Política Interior de la Asamblea Nacional, de las ONG.
Dejó en claro que la fiscal puede hacer una visita «in situ» si así lo decidiera, además de que el Estatuto de Roma señala que el Estado tendría que brindarle todas las facilidades para ello.
«La fiscal goza de «inmunidad diplomática», su entrada al país no podrá ser obstaculizada, ni ser arrestada.
Sería altamente positivo que la fiscal Fatou Bensouda venga a Venezuela a verificar y a escuchar los testimonios de las víctimas de la represión que ha ejercido el gobierno y que escuche los testimonios de las personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos.
Sugirió que la investigación se debería ampliar a los hechos del 2014, y la masacre de El Junquito, entre otros del mismo tenor.
Aclaró que no hay términos mínimos o máximos de duración del examen preliminar, «puede durar meses así como puede durar años. Son procesos lentos.
Al finalizar hay dos decisiones a tomar; una, si encontró suficientes elementos de que acá se cometieron crímenes de lesa humanidad y de que la justicia no es independiente, entonces abrirá una investigación formal. Si no encuentra evidencias o considera que el sistema de justicia es apto para juzgar esos crímenes de lesa humanidad, se cerraría el caso.
A lo anterior sumó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que el ejecutante no podrá alegar órdenes superiores ya que es excusa ante la corte y que las penas son de hasta 30 años de reclusión hasta con cadena perpetua.
Ante la convocatoria del Gobierno Nacional a un nuevo proceso electoral para el venidero mes de abril dijo que toda represión excesiva y toda violación de derechos humanos que ocurra durante este periodo será observado por la fiscal de la CPI.
«Es un aviso muy importante para los represores o piensen hacerlo en el futuro, de que sus acciones no quedarán impunes», finalizó. NP/ AN
EA
Source: Informe21