Las gestoras del país se preparan para afrontar posibles salidas de dinero de los planes de pensiones a raíz del nuevo supuesto de liquidez aprobado por el Gobierno y que permite el rescate de esos ahorros a los diez años de la primera aportación. Las primeras retiradas se podrán hacer en 2025, ya que la norma entró en vigor ya en 2015. La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) estima que en ese año habrá 40.000 millones de euros en planes susceptibles de ser rescatados bajo ese supuesto, que se suma a los de paro de larga duración, enfermedad grave y desahucio.
La industria privada de fondos de pensiones no teme en cualquier caso una fuga de ahorros hacia otros productos. Actualmente los planes de pensiones acumulan 111.077 millones de euros de patrimonio. «No se contempla un ecenario en que vaya a haber una salida masiva», han explicado este martes el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, y los vicepresidentes de la asociación, Cirus Andreu y José Carlos Vizárraga, durante la presentación de su informe de 2017 y perspectivas para 2018 sobre la inversión colectiva. Ahora bien, estos han admitido que los gestores de esos planes tendrán que tomar medidas para adecuar los productos a ese nuevo supuesto, como por ejemplo reducir antes de tiempo la inversión en activos de más riesgo, que son los que tienen un potencial de rentabilidad mayor.
Las gestoras de bancos, aseguradoras e independientes habían planteado al Ejecutivo popular limitar esa posibilidad de rescate a 10.000 euros, aunque al final el Gobierno lo ha aprobado sin ningún límite, como ya adelantó en noviembre del año pasado. Inverco ha reconocido que la medida puede suponer un incentivo para que más personas suscriban un plan de pensiones como fórmula de ahorro a largo plazo y sobre todo para la jubilación, pero advierte de que con esta medida no basta para solucionar el problema futuro del sistema de pensiones.
Al respecto, la asociación ha vuelto a reclamar un sistema casi obligatorio de planes de pensiones en la empresa, incentivos fiscales a la percepción de los planes y que se cumpla con la ley de 2011 y se informe por carta a los trabajadores de cuál será su pensión futura. «El Parlamento, en el ámbito de la comisión del Pacto de Toledo, debe definir cuál debe ser el modelo de sistema de pensiones no a corto sino a medio y largo plazo. Es bueno que se diga y deje resuelto ya. Se necesita un plan global a largo plazo para que el sistema sea sostenible y además adecuado», ha pedido Martínez-Aldama, quien ha recordado que, según las estimaciones de la OCDE en base a datos del propio Gobierno, España es el país en el que el porcentaje del último sueldo que se recibe como pensión (tasa de sustitución) más va a caer en las próximas décadas.
Source: ABC