La embajada de Suecia anunció hoy la donación de 75 millones de coronas suecas (9 millones de dólares) para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para apoyar la lucha contra la corrupción e impunidad en el país centroamericano.
El embajador Anders Kompass, quien entregó sus cartas credenciales al presidente Jimmy Morales en el pasado mes de diciembre, indicó que la donación es «para contribuir a la lucha contra la corrupción» en la cual «es indispensable la participación decidida del Ministerio Público (MP-Fiscalía), que tiene el monopolio de investigador penal».
La donación anunciada este jueves por Suecia, que en total ha aportado 36 millones al organismo internacional constituido en Guatemala desde 2006,significa el 28 % del presupuesto total de la Cicig en el período septiembre 2017 a septiembre 2019.
Kompass dijo no creer cierto que en países que se dicen muy corruptos haya personas que «internalicen» la corrupción como algo «normal» en su vida, sino que «la gran mayoría toma una posición clara en contra de la corrupción».
Muchas veces, añadió, «se entiende la corrupción como arraigada en la cultura nacional y por ende los esfuerzos son enfocados en cambiar la cultura lo cual no está lejos de decir que si la cultura es mala es igual a decir que la gente es mala».
Sin embargo, la realidad es que «el problema son las instituciones públicas disfuncionales» y «no la gente», de tal cuenta que «los cambios institucionales deben ser de naturaleza tal que impliquen una medicina fuerte y creo que esta medicina se llama CICIG».
El embajador sueco no precisó si hacía referencia al mensaje que dio el presidente Morales durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos, en la que se refirió que «la corrupción en Latinoamérica y muchas partes del mundo es normal y es un tema educacional».
Por su parte, el comisionado de la Cicig, el magistrado colombiano Iván Velásquez, agradeció el esfuerzo «del pueblo sueco y su embajada en Guatemala» y apuntó que ello será «vital» para continuar con la lucha anticorrupción, la cual comenzó, recordó, «desde finales de 2014 y se intensificó en 2015».
Velásquez calificó como «una persecución sectorial» a la campaña «en contra de la fiscal general y mía», iniciada a mediados de 2016 cuando presentaron el caso de Cooptación del Estado, en el que se vieron involucrados funcionarios de gobierno y empresarios.
«Es normal una reacción de quienes se ven afectados en las investigaciones o temen serlo», por lo cual «ahí se puede observar en qué personas pueden estar siendo apoyados» para fundamentar los ataques en contra de las investigaciones.
EFE / LR
Source: Informe21