La hasta ahora directora general de Turismo del Gobierno balear, Pilar Carbonell, ha presentado este jueves su dimisión al vicepresidente y al mismo tiempo consejero de Turismo, el ecosoberanista de MÉS por Mallorca Biel Barceló. La renuncia de Carbonell se ha producido después de que hoy haya trascendido que ha sido citada por el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, para que comparezca el próximo 29 de noviembre en calidad de investigada —equivalente a imputada— en el marco del denominado caso Cursach. En dicha causa se investiga una presunta trama de corrupción política, policial y empresarial a lo largo de las dos últimas décadas.
Barceló ha defendido el trabajo hecho por Carbonell y ha explicado que confía plenamente en que la investigación judicial en que está implicada determinará que no ha cometido ningún delito en el ejercicio de su cargo. En cualquier caso, la imputación de la hasta ahora «número dos» de Barceló en Turismo deja en una situación política muy delicada al vicepresidente, que en estos últimos meses se había visto ya indirectamente afectado por otro caso de presunta corrupción, el denominado caso Contratos. En dicha causa se investiga la presunta adjudicación irregular de varios contratos menores, por parte del Govern, al coordinador de la última campaña electoral de MÉS por Mallorca, Jaume Garau. Precisamente, el pasado martes Barceló evitó «in extremis» ser reprobado por el Parlamento balear por este caso.
Habrá que esperar posiblemente aún unos días para saber si lo ocurrido esta semana tendrá o no alguna repercusión inmediata en el futuro político de Barceló o en el seno del actual Ejecutivo autonómico. Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en la Comunidad la socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval externo de Podemos y de MÉS por Menorca.
Investigación
Por lo que respecta al caso Cursach, que aún se encuentra en fase de instrucción, es una derivación de la macrocausa en la que el juez Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán investigan la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá. Formarían también parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios del ocio nocturno, entre ellos Tolo Cursach. Según los investigadores, Cursach habría contado durante años con la «protección» de la Policía Local, de diversos cargos políticos y de funcionarios de Palma y Calviá, que habrían favorecido sus negocios a cambio de sobornos de distinto tipo.
En ese contexto, el juez quiere ahora que la ya ex directora general de Turismo del Gobierno balear responda sobre el presunto trato de favor que habría dado al Grupo Cursach. Según el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, entre finales de 2015 y principios de 2016 Carbonell se habría comprometido a acelerar la tramitación de un expediente, algo que la afectada ha negado ya en diversas ocasiones ante los medios. «Nunca he favorecido a nadie, ni a este grupo ni a otro», afirmó el pasado martes a preguntas de los periodistas.
El juez Penalva también ha citado a declarar, en concreto para el próximo 27 de noviembre, a Cursach y a dos de sus principales colaboradores, Bartomeu Sbert y Antoni Bergas. Los tres comparecerán también en calidad de investigados. Cursach fue detenido por la Policía el 28 de febrero de este año, junto con Sbert y con Bergas. Tres días después, el 3 de marzo, el juez decretó prisión provisional sin fianza para Cursach. Sbert ingresó también en la cárcel, mientras que Bergas quedó en libertad con cargos.
Crisis política
En relación a la delicada situación que está viviendo en estos momentos el vicepresidente del Gobierno balear, puede afirmarse que hasta ahora el caso Contratos había afectado políticamente a Barceló mucho más que el caso Cursach. Cabe recordar, en ese sentido, que el pasado mes de octubre dimitió el hasta entonces gerente de la Agencia de Turismo de las Islas Baleares, Pere Muñoz, tras haber sido denunciado por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Contratos. Dicha causa afecta además a otros tres ex altos cargos ecosoberanistas, en concreto, a la exconsejera de Transparencia y Cultura del Govern, Ruth Mateu; el exdirector del Instituto de Estudios Baleáricos, Josep Ramón Cerdà, y el ex director general de Cultura, Jaume Gomila. Anticorrupción les atribuye los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Más allá de las hipotéticas responsabilidades penales que se puedan derivar del caso Contratos en un futuro, las consecuencias políticas empezaron a evidenciarse hace ya medio año. Así, en marzo Armengol forzó la dimisión de Mateu como consejera autonómica. El cese de Mateu —integrante de MÉS por Menorca— no fue bien recibido por los ecosoberanistas menorquines, que anunciaron su salida del Govern. De ese modo, expresaron su malestar con sus compañeros de MÉS por Mallorca y con el PSOE, al considerar que, de manera injusta, ambas formaciones habrían hecho recaer sobre Mateu toda la responsabilidad sobre el asunto de las adjudicaciones hoy bajo sospecha.
Por su parte, el vicepresidente balear se vio obligado a comparecer en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento balear en abril para dar explicaciones sobre dicho caso. Barceló reconoció entonces que fue un «error político» que altos cargos de su departamento hubieran adjudicado dos contratos sin concurso público al estratega electoral de MÉS por Mallorca.
Dos reprobaciones fallidas
Con posterioridad, en septiembre, el Parlamento balear debatió y votó una propuesta del PP de reprobación a Barceló, que no salió adelante. Votaron entonces a favor de la reprobación el PP y Ciudadanos, mientras que el PSOE, MÉS por Mallorca y MÉS por Menorca votaron en contra. La abstención de Podemos y la de Proposta per les Illes (PI) evitaron que Barceló fuera finalmente reprobado por la Cámara. El ajustado resultado final fue de 22 votos a favor, 24 en contra y 11 abstenciones.
El pasado martes fue debatida y votada u
na nueva propuesta de reprobación al vicepresidente, presentada igualmente por los populares. Dicha moción tampoco salió adelante, pero el resultado fue aún más igualado que hace un mes, pues hubo 23 votos a favor, 23 en contra y 11 abstenciones. Este resultado obligó a repetir la votación hasta en tres ocasiones, tal y como marca el Reglamento de la Cámara cuando se produce un empate. Sin embargo, nadie cambió el sentido de su voto, por lo que la propuesta decayó al tercer empate. En cualquier caso, esa votación y —como se ha señalado ya— la imputación de Carbonell dejan a Barceló en una situación política cada vez más complicada, que a corto o medio plazo podría acabar forzando finalmente su dimisión.
Source: ABC