Las autoridades españolas están dando la batalla en Bruselas junto a accionistas e inversores del Popular afectados por la resolución de la entidad para que el Banco Central Europeo (BCE) dé transparencia a esa decisión. La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera acordó ayer recurrir la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) europea de no facilitar a la Cámara Baja el informe de Deloitte que determinó la valoración del Popular de cara a su resolución y venta exprés al Santander.
La comisión, con el voto favorable de todos los partidos políticos, ya había sido solicitado esa documentación el pasado verano. Sin embargo, la Junta Única de Resolución (JUR), organismo que decidió la resolución y ordenó al FROB ejecutarla, rechazó esa petición alegando cuestiones de confidencialidad e incluso que podría afectar a los mercados financieros y la estabilidad del sistema financiero de la UE y los intereses comerciales de la entidad.
«Discrepamos de semejantes afirmaciones», dice la misiva enviada por la comisión a la institución presidida por Elke König, llegando a calificar los razonamientos que usa la JUR de «jurídicamente indeterminados». Además, los diputados españoles argumentan que aunque el documento puede ser confidencial durante el proceso de resolución del banco, pasado ese momento es posible hacerlo público. «Hoy, transcurridos varios meses desde aquella operación, si hubo algún riesgo en la protección de aquel interés, este ha quedado muy diluido o directamente eliminado», explican.
La comisión de investigación del Congreso no esa la única que ha solicitado la publicación de ese informe elaborado por Deloitte y que otorgó al Popular un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros en los peores escenarios, y otro supuestamente positivo. También el Ministerio de Economía y el FROB, así como la propia banca española, se han manifestado públicamente a favor de darle transparencia.
La propia König ha sido llamada a declarar en esa comisión sobre el rescate bancario y está citada para diciembre, de forma que será una de las preguntas recurrentes de los diputados, que ayer reanudaron las sesiones con la comparecencia del presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán.
Roldán, que en todo caso compareció como ex director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, defendió en este sentido el papel estabilizador que tuvo la gran banca del país durante la debacle de buena parte del sistema de las cajas de ahorros.
«Los grandes bancos españoles internacionales han sido un elemento de estabilidad para nuestra economía, sin el cual España no hubiera podido superar la crisis como lo ha hecho», dijo, asegurando que si esas entidades también hubiesen sido fuente de problemas en lugar de parte de la solución «la crisis habría sido aún más intensa y dolorosa».
Es el discurso habitual de la gran banca: no solo no tuvo que ser rescatada, sino que además aportó más de 20.000 millones a apuntalar las cajas rescatadas. Roldán fue ayer más allá y señaló que la banca asumió «las pérdidas de la economía real» por la morosidad y refinanciación de los créditos a empresas y familias.
Source: ABC