Pese a la paulatina reducción del número de barcos experimentada desde la entrada de España en la UE en 1986, el sector pesquero español logra cada día llevar diez millones de raciones de alimento a la población. España lidera la producción industrial de pescado, con el 20% del total europeo, y tiene la mayor flota en términos de capacidad y la tercera en número de barcos. Pero el sector encara con preocupación el futuro ante las nuevas exigencias de Bruselas. El próximo año entra en vigor la normativa que obliga a desembarcar los descartes, a la que en 2020 se sumarán las nuevas restricciones en las cuotas pesqueras y los efectos del Brexit.
«Tenemos ante nosotros la tormenta perfecta», ejemplifica Javier Garat, secretario general de la principal patronal del sector, la Confederación Española de Pesca (Cepesca). Desde hace años los barcos de arrastre se han visto obligados a tirar al mar toneladas de pescado ya muerto y aprovechable. Para controlar la sobrepesca, la Unión Europea les otorga una cuota que permite capturar sólo una determinada cantidad de una especie, por ejemplo la merluza. Pero los arrastreros que despliegan sus redes en los fondos de caladeros como el del Gran Sol, las recogen también con bacalao y otros tipos de especies que tienen prohibido vender. Hasta ahora estos productos se desperdiciaban pese a que los recursos son escasos. Europa ha decidido poner fin a estas prácticas obligando a los barcos a vender también ese pescado. Pero la flota española no tiene cuota para esas especies y la situación se complica.
a 31 de diciembre de 2017 en España existían 9.146 barcos. En 1986, la flota superaba los 22.000.
«Ahora nos obligan a desembarcarlas, pero nos dan unos mecanismos de flexibilidad mínimos», explica Garat. «Puede llegar un momento en que una flota pese a tener toneladas de merluza sin pescar todavía, no pueda salir porque ya haya agotado su posibilidad de capturar otras especies y los barcos queden amarrados. Eso sería una catástrofe», apunta el secretario general de Cepesca. Unas 300.000 toneladas de las 898.000 que se pescan cada año por buques españoles corresponden al arrastre.
La patronal del sector y el Gobierno español tratarán de convencer a las autoridades europeas durante este año para que suavice la normativa o establezcan fórmulas que permitan cumplirla. Una de las reivindicaciones que lleva años sobre la mesa es la del intercambio de cuotas pesqueras entre las empresas de diferentes países, que hasta ahora sólo pueden cederse voluntariamente entre estados. Cuando España entró en la UE, el reparto de la capacidad de pesca entre los países ya estaba hecho y le tocaron las «migajas», explica Garat. Para ilustrarlo basta mirar las estadísticas de la flota española. Si en 1986 había más de 22.000 barcos, a finales de 2017 la cifra se quedó en 9.146.
España es el segundo consumidor de pescado y marisco de la UE. En 2016, bajó un 1,6% hasta situarse en una media de 25,49 kilos al año.
Aunque España no tiene cuotas suficientes, otros países dejan sin capturar buena parte de las toneladas que les otorga la Unión Europea. La Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) ha presentado recientemente un estudio en el que aboga por una revisión del sistema ante la entrada en vigor de la normativa de descartes. «En el periodo 2008-2014, un mínimo de un millón de toneladas no han sido utilizadas por los estados miembros», apunta el informe. Esta cantidad tendría un valor de aproximadamente 1.800 millones de euros. Los armadores vigueses demandan que la Unión Europea permita «impulsar un mecanismo o herramienta nueva que gestione las cuotas sobrantes» para que «se puedan ceder o alquilar a las flotas que las necesitan». Una solución sería la de negociar directamente entre las empresas, al margen de los Estados.
Sostenibilidad
La propuesta de intercambio de cuotas paliaría también otra de las amenazas para el sector en España. En 2020 la Unión Europea pretende que todos los caladeros se encuentren en el rendimiento máximo sostenible, es decir que los barcos puedan seguir pescando sin afectar a la supervivencia de ninguna de las especies existentes en los mares europeos. Esta exigencia acarreará previsiblemente una nueva reducción de las cuotas. Además, ese mismo año también podrían cambiar las reglas del juego para los barcos que faenan en aguas británicas tras el Brexit. «Vamos hacia un huracán», explica Garat, quien demanda a las autoridades comunitarias flexibilidad. «Nos piden que demostremos que las nuevas normas no nos permiten sobrevivir, pero si la tormenta nos lleva por delante será tarde», asegura el secretario general de Cepesca.
Source: ABC